En 2021, Inés Gómez Mont, una de las presentadoras de televisión más conocidas de México, y su esposo, el abogado Víctor Álvarez Puga, se vieron envueltos en un proceso legal que ha resultado bastante largo y complejo.
La pareja enfrenta acusaciones graves de lavado de dinero, delincuencia organizada y defraudación fiscal. Sin embargo, recientemente ambos lograron recuperar el acceso a sus cuentas bancarias, después de años de lucha en los tribunales.
Así comenzó el proceso legal de Inés Gómez Mont.
El caso de Inés Gómez Mont y su esposo comenzó en 2019 cuando fueron investigados, pero en 2021 las autoridades mexicanas abrieron una carpeta en la que señalaron que ambos estaban involucrados en actividades ilícitas, incluyendo el lavado de dinero y la defraudación fiscal a través de empresas y recursos provenientes de actos delictivos.
La presentadora y el abogado enfrentaron problemas financieros.
Como resultado de estas acusaciones, la Fiscalía General de la República en México inició un expediente en su contra y procedieron a congelar sus cuentas bancarias, lo que les impidió acceder a sus fondos durante varios años. Este congelamiento de cuentas no solo afectó a la pareja, sino que también fue parte de una estrategia del gobierno mexicano para intentar localizarlos.
Hoy, recuperan las cuentas bancarias.
Después de una serie de batallas legales, se dio a conocer que, de acuerdo con un artículo publicado el 14 de marzo por El Economista, la Unidad de Inteligencia Financiera instruyó a las entidades financieras a eliminarlos de la Lista de Personas Bloqueadas, luego de que la pareja obtuviera un amparo.
Contiúan prófugos de la justicia.
Además de que la prensa mexicana detalló que los magistrados del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa ratificaron el amparo que un juez de Distrito concedió a la pareja contra el congelamiento de sus cuentas bancarias y tarjetas de crédito, la conductora y su esposo son considerados prófugos de la justicia, ya que la Fiscalía General de la República los busca por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por $2,950 millones de pesos (cerca de $150 millones de dólares estadounidenses).
