La disputa legal entre Paulina Rubio y Nicolás Vallejo-Nágera, conocido como Colate, sumó un nuevo episodio en un tribunal familiar de Miami. La controversia está relacionada con los gastos derivados del proceso judicial por la custodia de su hijo, Andrea Nicolás Vallejo-Rubio.
De acuerdo con documentos judiciales citados por diversos medios, una jueza ordenó que ambos padres paguen una deuda pendiente relacionada con los honorarios profesionales de la tutora legal del menor. El monto supera los $12,373 para cada uno de los progenitores. La decisión judicial establece que tanto la cantante como el español deben cubrir el pago en un plazo máximo de 14 días.
Así es la deuda con la tutora legal designada por el tribunal.
El pago ordenado por el tribunal corresponde a honorarios pendientes de la abogada Amber Glasper, quien fue designada como tutora legal del menor durante el proceso de custodia. Su función consiste en representar exclusivamente los intereses del hijo de la expareja durante el litigio. Según los documentos presentados ante el tribunal, la letrada reportó que existen ocho facturas pendientes por los servicios profesionales prestados durante el proceso judicial.
La tutora explicó que ambos padres realizaron un pago inicial de $2,500 a finales de 2024. Sin embargo, el monto restante continuó sin ser liquidado, lo que llevó a solicitar la intervención del tribunal para garantizar el pago de los honorarios. Tras analizar la solicitud, la jueza determinó que la deuda pendiente debía ser cubierta por ambos padres en partes iguales. De esta forma, cada uno deberá pagar más de $12,373 para saldar el total de los honorarios acumulados, como cita el medio mexicano Quien.
Durante la audiencia judicial, los equipos legales de ambas partes solicitaron un plazo mayor para poder cumplir con el pago de la deuda establecida por el tribunal. Sin embargo, las peticiones fueron finalmente rechazadas. La abogada de Colate, Aliette Carolan, argumentó que su cliente enfrenta actualmente dificultades económicas y que no cuenta con la capacidad inmediata para cubrir el monto fijado por el tribunal.
Por su parte, la representante legal de la cantante mexicana, Sandra Hoyos, pidió que el plazo para efectuar el pago se ampliara hasta 30 días con el objetivo de organizar el cumplimiento de la obligación económica. La jueza desestimó ambas solicitudes y estableció un plazo definitivo de 14 días para que los dos padres cubran la deuda pendiente con la tutora legal, manteniendo así la fecha límite sin modificaciones.
El papel de los tutores legales en disputas familiares de custodia.
En procesos judiciales complejos relacionados con la custodia de menores, los tribunales pueden designar a un tutor legal o representante independiente que actúe en nombre del niño involucrado en el caso. La función principal de este profesional es velar por el bienestar del menor durante el litigio. Para ello, revisa la información del caso, analiza las circunstancias familiares y participa en las audiencias judiciales correspondientes.
Además, el tutor puede presentar recomendaciones ante el juez respecto a decisiones que podrían afectar al menor, como acuerdos de custodia, cambios de residencia o aspectos relacionados con su desarrollo y bienestar. Los honorarios derivados de este tipo de representación legal suelen ser cubiertos por los padres involucrados en el proceso judicial, quienes comparten los costos del trabajo realizado por el tutor designado por el tribunal.
La batalla legal entre Paulina Rubio y Nicolás Vallejo-Nágera comenzó en 2012, poco después de su separación. Desde entonces, el caso ha pasado por diferentes tribunales en Estados Unidos. Durante más de una década, la custodia y diversas decisiones relacionadas con la vida de su hijo han sido motivo de desacuerdos entre la cantante y el empresario. En los últimos meses, el caso volvió a tomar relevancia pública luego de que Andrea Nicolás, actualmente de 15 años, manifestara su interés en mudarse a España para vivir con su padre.
El tribunal familiar de Miami programó varias audiencias para analizar distintos aspectos del caso. Las fechas fijadas para estas sesiones judiciales son el 4, 5 y 8 de mayo. Durante estas jornadas se revisarán los argumentos presentados por ambas partes y se evaluarán distintos elementos relacionados con la custodia del menor y su posible reubicación.
